Trabajo no revelado de firma de relaciones públicas para el Gobierno ecuatoriano crea dudas legales

Una firma vinculada al régimen de Correa omite notificar al Departamento de Justicia de EE.UU. sus actividades de promoción y relaciones públicas para dicho gobierno.

The Washington Free Beacon - Lachlan Markay 17/06/2014

Una firma de relaciones públicas con sede en Nueva York el mes pasado pregonaba que el Gobierno de Ecuador era su cliente, a pesar de no haberlo registrado como agente extranjero ante el Departamento de Justicia, creando así dudas legales sobre esta relación. 

La firma, MCSquared, en el mes de mayo promovió protestas durante una reunión de accionistas del gigante petrolero Chevron, la que se ha visto enfrentada al gobierno del Presidente Rafael Correa por una larga disputa sobre una demanda ambiental entablada en contra de la compañía en Ecuador.

MCSquared, quien trajo a dos indígenas ecuatorianos para que participaran en la protesta, en ese entonces dijo a los periodistas que la República de Ecuador era su cliente. Ahora asegura que no tiene ninguna relación con dicho gobierno.

Consultada acerca de las protestas, Karen Hinton, ejecutiva de relaciones públicas que representó a los demandantes en el juicio contra Chevron, dijo a Paul Barrett, reportero de Bloomberg, "llama a MCSquared. Ellos se encargaron de eso".

Hinton dijo a Barrett que el gobierno del Ecuador era cliente de MCSquared y un empleado MCSquared aseguró lo mismo a PR Week.

Según los expertos, esto plantea delicados cuestionamientos legales para la firma, ya que cualquier entidad que lidere trabajos de relaciones públicas en los Estados Unidos, a nombre de un gobierno extranjero, debe revelar los detalles correspondientes al Departamento de Justicia. MCSquared no lo ha hecho.

La Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA por sus siglas en inglés) requiere de tales registros para "cualquier persona que trabaje directa o indirectamente en la publicación o difusión de información oral, visual, gráfica, escrita, de ilustración o de cualquier otro tipo" a nombre de un gobierno extranjero o de un representante del mismo.

"Cualquier persona que trabaje directa o indirectamente en informar, aconsejar o en cualquier tipo de acción de relaciones públicas que afecte los intereses políticos o públicos de políticas o que estén vinculadas a tal propósito", también debe notificar sobre tales actividades.

Al ser consultada sobre la razón de la falta de transparencia en esta relación, la portavoz de MCSquared, María Garay, dijo que la empresa "Actualmente no mantiene compromisos con el gobierno de Ecuador".

Garay no quiso responder a la pregunta sobre si el Gobierno fue, en algún momento, cliente de MCSquared y, de ser así, en qué fechas se dio tal relación.

La protesta que MCSquared niega haber organizado directamente, era parte de una batalla legal, política y de relaciones públicas que se ha extendido por décadas entre los demandantes ambientalista apoyados por el gobierno del Ecuador y Texaco, firma que Chevron adquirió en 2001 y por tanto, asumió sus obligaciones legales en Ecuador,.

Actualmente, la empresa no tiene activos en el Ecuador. Chevron ha tenido una serie de victorias legales para evitar la ejecución de una @@sentencia@@ de miles de millones de dólares en su contra, a través de un embargo de sus activos en Argentina, Brasil y Canadá.

Una Corte de Nueva York recientemente dictaminó que para lograr el triunfo en este juicio, los demandantes se vieron involucrados en una conspiración ilegal que incluyó acusaciones de soborno, así como prácticas ilícitas y fraudulentas.

En un comunicado de prensa del 26 de mayo, MCSquared se refirió a los reclamos legales de Chevron en contra de los demandantes como "una campaña de represalias". La firma promocionó la protesta durante la reunión de accionistas y anunció que dos indígenas ecuatorianos "que representan a las comunidades afectadas", estarían presentes.

Uno de los ecuatorianos, Humberto Piaguaje, "ayudó a dirigir el grupo de agitadores de carteles y entonadores de consignas", informó Bloomberg Business Week.

Bloomberg también reveló que una compañía de producción de Los Angeles, pagó $85 por persona a un gran número de supuestos manifestantes durante la reunión de accionistas, para que sirvieran como "extras" en la protesta.

En septiembre Gayle McLaughlin, alcaldesa de Richmond, California, viajó al Ecuador para participar en un tour por las zonas supuestamente contaminadas por Texaco en la Amazonía.

Según una declaración financiera modificada presentada por McLaughlin en mayo pasado, la "Presidencia de la República del Ecuador (vía MCSquared PR, Inc.)" le pagó $4,498.94 por su viaje.

Además de reportar sobre los trabajos de relaciones públicas, FARA requiere que las entidades que gestionen cabildeo o realicen la promoción de políticas a nombre de un gobierno extranjero, también deben revelar estos detalles.

FARA se convirtió en ley en 1938 como una iniciativa para contrarrestar los esfuerzos nazis por disuadir al pueblo estadounidense de apoyar una intervención militar en Europa. La ley no limita el soporte activo en nombre de principios extranjeros, simplemente requiere que éste sea etiquetado como tal.

Un abogado que se ocupa del cumplimiento de FARA dijo al Washington Free Beacon que las tareas de MCSquared en la reunión de accionistas de Chevron es "el tipo de trabajos que le interesn conocer al Departamento de Justicia".

Garay afirmó que el trabajo de MCSquared durante la reunión de los accionistas, se realizó de manera pro bono a favor de los indígenas ecuatorianos que asistieron al evento.

Sin embargo, el abogado de FARA, quien ha pedido permanecer en el anonimato, aseguró que un paralelismo entre los intereses de una entidad extranjera y las actividades supuestamente realizadas en nombre de un cliente diferente, aún podría enviar señales de alarma.

"La mayor preocupación es saber si una entidad está realizando un trabajo remunerado a nombre de una entidad extranjera, pero que luego alegue que está haciendo un trabajo similar y que no recibe remuneración alguna de este cliente pro bono; en este caso, el Departamento de Justicia podría verse inclinado a preguntar por qué se los contrata para esa actividad de forma gratuita", sostuvo el abogado.

Desde principios del octubre pasado, MCSquared ya había publicitado eventos contra Chevron, relacionados con los daños ambientales en Ecuador, un mes luego de que la empresa pagara por el viaje de McLaughlin al país.

Sus empleados también tienen vínculos con el gobierno ecuatoriano. Cynthia Zapata Solís, quien aparece como contacto en la página web de MCSquared, ha trabajado en diversos cargos para ese gobierno, por lo menos desde 2008, cuando asumió un cargo en el Ministerio de Medio Ambiente, de acuerdo a los resultados de búsqueda en caché de su perfil en LinkedIn, ahora borrado.

Jean Paul Borja, el empleado de MCSquared que confirmó a PR Week que el gobierno de Ecuador era un cliente, ha escrito frecuentemente para medios de comunicación estatales del Ecuador, tales como El Ciudadano. Uno de los resultados de las búsquedas dio como información de contacto su dirección de correo electrónico de MCSquared.

La firma de Borja apareció en El Ciudadano en abril de este año, cuando escribió un artículo titulado "Celebridades y expertos apoyan a Ecuador en su lucha contra Chevron." El artículo promociona el viaje turístico de McLaughlin a Ecuador, financiado por MCSquared.

El Ciudadano es administrado por la Secretaría Nacional de Comunicación del país, lo que ha sido criticado por los disidentes del Ecuador como una de las regulaciones más importantes de la administración de Correa para censurar las voces de la oposición en los medios de comunicación del país.

Un escritor de El Ciudadano habría acusado anteriormente al Free Beacon de "intentar desinformar a la comunidad internacional sobre el juicio [Chevron]”.

Esta es una traducción no oficial realizada por Chevron. El artículo original en inglés puede ser visto aquí.