Persecución a los abogados, otra arma del correísmo

En Ecuador cada día hay menos abogados dispuestos a defender a quienes el Gobierno de Rafael Correa califica como detractores, golpistas o simplemente protestan para defender sus derechos y rechazar sus políticas.

Foto: Mil Hojas

En Ecuador cada día hay menos abogados dispuestos a defender a quienes el Gobierno de Rafael Correa califica como detractores, golpistas o simplemente protestan para defender sus derechos y rechazar sus políticas. Quienes asumen esa defensa admiten tener miedo, en especial por su familia, pero ratifican su compromiso de seguir al frente de esas causas.

Linchamiento mediático, acoso judicial, seguimiento en autos, vigilancia en sus casas u oficinas e incluso agresiones físicas y amenazas de muerte sufren los juristas.

Su vida ha cambiado: no salen por las noches, no van a muchos compromisos sociales, cambian a diario sus rutas de ida y regreso y denuncian las amenazas y ataques a través de las redes sociales. Ellos aseguran que estas son las estrategias de protección que han adoptado ante la falta de un Estado protector y garantista de derechos y de una justicia independiente.

“Quizás tenga q desistir de patrocinar a ciudadanos q desean denunciar en Ecuador el caso Hacking Team. He sido amenazado de muerte”. Este mensaje, que el abogado guayaquileño Juan Vizueta escribió el 12 de julio en su cuenta de Twitter, alerta sobre la persecución que sufren en el país no solo quienes denuncian casos de corrupción, líderes de oposición o ciudadanos que ejercen su derecho a la protesta. También son objeto de amenazas y amedrentamiento sus abogados.

Cuatro juristas dialogan con Mil Hojas sobre esta situación y coinciden en que, más allá de los riesgos que implica para ellos y sus familias representar a dichas personas, está la defensa de los derechos y las libertades, algo que consideran inherente a su profesión.

Juan Pablo Albán, Julio César Sarango, Ramiro García y Juan Vizueta también sostienen que, si bien la justicia ecuatoriana siempre ha estado politizada, nunca fue controlada ni estuvo tan sumisa ante el poder como ocurre con el Régimen de Rafael Correa, quien lleva ocho años en el poder. (Leer entrevistas adjuntas con estos abogados).

Obstrucción de la justicia, dilatación de los procesos, aplazamiento de las audiencias, cambio de jueces y fiscales e incluso multas y sanciones que los tienen al borde de la suspensión, son algunas de las formas de persecución judicial que afrontan los abogados a cargo de juicios como los entablados por el Régimen contra el asambleísta Clever Jiménez, su asesor Fernando Villavicencio y el médico Carlos Figueroa; el de los estudiantes del Colegio Mejía, Los Diez de Luluncoto, la maestra Mery Zamora, el ex oficialista hoy opositor Fernando Balda.

A eso se suma el linchamiento mediático del que son objeto por parte del jefe de Estado y otros altos funcionarios en las sabatinas que se transmiten por radio y televisión y en las diarias cadenas dispuestas por la Secretaría Nacional de Comunicación (Secom).

Tales acciones han dado paso a la instauración de un estado de indefensión y censura que viola los derechos humanos consagrados en la Constitución garantista de Montecristi, que fue promovida y redactada por el mismo Régimen de Rafael Correa.  

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