Para oposición, los fallos de la Corte Constitucional favorecen al Gobierno

Pese a que en la Corte Constitucional (CC) se defiende la independencia del organismo frente al resto de poderes del Estado, sectores políticos y sociales afirman que ese tribunal maneja una agenda afín al Gobierno de Rafael Correa y que sus fallos lo favorecen.

El bloque de asambleístas de AP llevó a la Corte Constitucional su plan de cambios constitucionales el pasado 26 de junio

Pese a que en la Corte Constitucional (CC) se defiende la independencia del organismo frente al resto de poderes del Estado, sectores políticos y sociales afirman que ese tribunal maneja una agenda afín al Gobierno de Rafael Correa y que sus fallos lo favorecen.

Para esos sectores de oposición, eso se confirma en el trámite de casos de interés del Ejecutivo, que fueron resueltos ágilmente, en comparación de otros que demoraron años y que al final se enmarcaron en la agenda oficialista.

Esto ocurrió, según el asambleísta Luis Fernando Torres (PSC-Cambio) y el jurista Carlos Poveda, en el fallo sobre la enmienda constitucional de iniciativa de AP, que daría paso a la reelección indefinida de las autoridades de elección popular, incluido el jefe de Estado.

También en las tres demandas de inconstitucionalidad a varios artículos de la Ley de Comunicación, negadas por la Corte. En ellas se impugnaron la creación de la Superintendencia de Información, que la comunicación sea considerada bien público, el linchamiento mediático y artículos que violarían la libertad de expresión.

Y citan el caso La Cocha, que normó la aplicación de la justicia indígena, al reconocer la competencia de la justicia común para juzgar y sancionar los delitos contra la vida (asesinato o violación), en el que puedan estar involucrados miembros de una comunidad, esa resolución demoró más de tres años.

Ese fallo sirvió de precedente para resolver la matanza de indígenas de la etnia tagaeri-taromenane, ocurrida en marzo del 2013 y que llegó en consulta a la CC. Este y otros casos, en temas de justicia indígena e interculturalidad, donde emitieron cinco o seis sentencias, según el presidente de la CC, Patricio Pazmiño, se sentaron nuevos precedentes jurídicos y constitucionales.

Contrariamente a lo que dicen los sectores de la oposición, para Pazmiño las actuaciones del organismo no favorecieron al gobierno de turno.

Según Poveda, quien actuó como abogado de los procesados por el tema La Cocha, la CC se convirtió en una institución que sigue una agenda partidista y no de garantías constitucionales, cuyas resoluciones aniquilan los derechos colectivos.

Poveda pidió a los jueces de la CC sesionar con las puertas abiertas para que los ecuatorianos puedan conocer sus resoluciones el mismo día que se las toma. Con ello, dijo, “nos demostrarán la tendencia de deliberación, la capacidad de racionalidad y de decisión”.

Torres sostiene que la Corte tiene una imagen deplorable ante los ecuatorianos, por el trámite de la Ley de Comunicación y las enmiendas constitucionales, donde asegura que hubo interés del poder.