Otros países también cuestionan la sentencia ecuatoriana

Juicio Crudo 29/06/2017

Aparte de Estados Unidos, la @@sentencia@@ ecuatoriana también está siendo cuestionada en otras jurisdicciones.

Después de revisar la extensa evidencia de fraude y corrupción que invalida el proceso judicial ecuatoriano, la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya ha ordenado a la República del Ecuador suspender la ejecución de cualquier @@sentencia@@ judicial contra Chevron hasta que se resuelva el reclamo que Chevron ha instaurado contra Ecuador por la violación del Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) con Estados Unidos. A pesar de esta orden, el gobierno de Ecuador no ha hecho nada para suspender los esfuerzos de ejecución, y en cambio, ha emprendido una campaña mundial contra Chevron en un intento por desacreditar el sistema de arbitraje internacional.

Por otro lado, el Tribunal emitió un Laudo Parcial, considerando que los Acuerdos de Liquidación y Liberación que el Gobierno de Ecuador firmó con Texaco Petroleum Company (TexPet) liberan a la compañía y a sus filiales de cualquier responsabilidad por reclamos ambientales alegando derechos colectivos o difusos. Este reconocimiento confirma que las reclamaciones fraudulentas contra Chevron no debieron haber sido planteadas desde un inicio.

En Brasil,  la Procuraduría General recomendó al Tribunal Superior de Justicia (STJ) del país que no se homologue la fraudulenta @@sentencia@@ ecuatoriana de $9.5 mil millones contra Chevron Corporation. En una opinión solicitada por el STJ, el Subprocurador General, Nicolao Dino, indicó que la @@sentencia@@ ecuatoriana contra Chevron fue "emitida de manera irregular, especialmente bajo indiscutibles actos de corrupción" y que, al reconocerla, se violaría el "orden público brasileño e internacional". Bajo la ley internacional y brasileña, las sentencias extranjeras que violen el orden público, incluido el derecho al debido proceso, no podrán reconocerse en Brasil. 

En Argentina, en marzo de 2016, el Ministerio Público Fiscal (“MPF”) recomendó que la Corte Nacional rechazara la petición para reconocer la @@sentencia@@ ecuatoriana en ese país. El MPF concluyó acerca del proceso ecuatoriano: “una operación jurídica que ha tenido por objeto lograr un gran negocio, para personajes ajenos al paisaje que se estimó vulnerado”, y que esa evidencia “derrama un cono de sombra sobre” el juicio. El MPF determinó que las pruebas forenses son “determinante[s] en cuanto a que en la redacción de la @@sentencia@@ firmada por el juez Nicolás Zambrano, intervinieron otras personas”, y concluyó que “[l]as anomalías detectadas no pueden ser admitidas en nuestro territorio, pues violentan claramente el orden público del derecho nacional”.