El Abogado Global (The Global Lawyer): El lazo aprieta en las demandas presentadas por Chevron

Litigation Daily - Michael D. Goldhaber 24/03/2014

Foto:Litigation Daily

Existen muchas facetas en la contraofensiva de Chevron Corporation para enfrentar a los ecuatorianos que obtuvieron una @@sentencia@@ judicial, emitida hace tres años por las cortes ecuatorianas y que asciende a 9.500 millones de dólares. En primer lugar, Chevron ha apuntado contra Steven Donziger, el abogado que encabezó el proceso judicial de dicha demanda. Este mes, en Manhattan, la petrolera logró persuadir a un juez federal estadounidense para que emita un dictamen en el que señala que Donziger y sus clientes lograron obtener esta mega @@sentencia@@ a través de fraude. También es ampliamente conocido que Chevron, mediante una demanda por fraude ante el mismo juez, ahora ha enfocado su lucha en contra del bufete de abogados Pattons Boggs, que encabezó y dirigió las operaciones para obtener la @@sentencia@@ en Ecuador. Menos conocido es el hecho de que Chevron ha presentado una demanda judicial similar contra el multimillonario de los juegos de azar por Internet, Russell DeLeon quien reside en Gibraltar y es el principal financista del proceso legal en el país sudamericano. Chevron busca que DeLeon se responsabilice por los costos en que ha incurrido la empresa, los que podrían llegar a unos 500.000 millones de dólares.

La demanda entablada por Chevron contra DeLeon ahora está cobrando mucha fuerza . Sería prudente para todo financista o abogado involucrado en la ejecución de sentencias emitidas por cortes extranjeras preste mucha atención al desarrollo de este caso.

Luego de graduarse en la Escuela de Derecho en la Universidad de Harvard en 1992, un año después que el entonces futuro Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y de Steven Donziger, el entonces futuro pionero de demandas civiles a nivel mundial, Russ DeLeon trabajó en la firma Morrison & Foerster como socio junior. Se casó con Ruth Parasol y, junto a ella, hizo fortuna en la firma de juegos de azar por Internet PartyGaming plc, que más tarde se fusionaría con Bwin.Party Digital Entertainment plc. Con lo que le sobraba en el bolsillo, DeLeon financió en gran parte la demanda que Donziger llevó adelante en Ecuador, así como para realizar el documental "Crude", que presentaba una crónica en respaldo de dicha acción judicial. Según cuál sea la evidencia que se considere cierta, se puede afirmar que DeLeon invirtió ya sea 25 millones de dólares, o poco menos de 10 millones de dólares en estas actividades. Lo importante es que el financista cubrió el bache que se produjo cuando la firma legal Kohn, Swift & Graf, y más tarde Burford Capital, se retiraron como financistas de la demanda frente al descubrimiento público de malas prácticas legales que, según señalaron, habría sido ocultada por Donziger. Tal como Donziger escribió en el 2007, en anotaciones en uno de sus diarios personales: "Russ es un amigo, el benefactor por el que he estado esperando durante años”.

Además de las ventajas y recompensas que devienen de una amistad, las pruebas dan a entender que DeLeon tendría derecho a cerca de 600 millones de dólares de la @@sentencia@@ por 9.500 millones de dólares, algo menos que lo que le correspondería a Donziger. Y me permito hablar en condicional y no en pasado, puesto que los demandantes ecuatorianos aún se encuentran en la batalla para tratar de ejecutar la @@sentencia@@ ecuatoriana, en cuatro países distintos.

En lugar de esperar a presentar un defensa fundamentada en la existencia de fraude para enfrentar los intentos de ejecución de la @@sentencia@@ ecuatoriana, Chevron ha tomado la iniciativa de presentar en Gibraltar una demanda contra DeLeon por agravio, daños y perjuicios contra la petrolera. Chevron está representada en este proceso por la firma internacional Kobre & Kim, que puede manejar esos dos aspectos del caso. La firma cuenta con oficinas en Londres, Hong Kong y dos bufetes en el Caribe. El abogado defensor de DeLeon es Sir Peter Caruana, quien ha sido jefe de Estado de Gibraltar por 15 años.

En el dictamen del 14 de marzo emitido en Gibraltar, la demanda de Chevron sobrevivió a una moción para rechazar los alegatos (esencialmente una moción para desestimar). La Corte de Gibraltar al menos determinó prima facie que existían méritos para determinar que DeLeon y sus medios de financiamiento estuvieron “plenamente envueltos en la conspiración y que continuaron dicho financiamiento mucho después de que se conocieran las actividades fraudulentas.”Por su parte Chevron denunció que “en la medida que el caso de fraude se hizo más evidente, más se involucraron los demandados”.

El desafío que enfrenta Chevron para tratar de demostrar las denuncias en contra de DeLeon y Patton Boggs, es establecer quién, qué y cuándo se tuvo conocimiento de dichas acciones. De acuerdo a los estándares y normativas del ‘Common Law’ en relación a la figura de fraude, Chevron debe demostrar que DeLeon, voluntariamente, al menos hizo caso omiso de lo que sucedía, a pesar de que tener pleno conocimiento de ello. Por lo general, en los Estados Unidos es suficiente demostrar un descuido negligente que muchas veces se define como conocimiento de la existencia de un riesgo sustancial de mala práctica.

A finales del 2010 todos sabían, en parte gracias al documental que DeLeon produjo, que el equipo de Donziger había redactado de manera clandestina un informe clave sobre daños y contaminación ambiental en la demanda ventilada en Ecuador. Esto fue más que suficiente para detener a un escrupuloso consultor legal de ni siquiera involucrarse en el caso y para que, con una clara visión, los profesionales de Kohn Swift y de Burford se retiraran del proceso en el momento adecuado. Patton Boggs siempre ha argumentado que cualquier falta o irregularidad fue corregida por informes posteriores sobre contaminación en los que se fundamentó la @@sentencia@@ final; la firma nunca dio crédito a las pruebas descubiertas y presentadas por Chevron que mostraban que la misma @@sentencia@@ había sido redactada de manera clandestina. En su dictamen contra Donziger del 4 de marzo pasado, el juez estadounidense de distrito Lewis Kaplan concluyó que tanto el informe como la @@sentencia@@ (entre otros delitos) habían sido obtenidos de manera fraudulenta.

Sin embargo cabe preguntarse ¿deberían los financistas y consultores legales enfrentar la posibilidad de ser demandados si afirman que consideran estar tratando de hacer cumplir la ley y ejecutar una @@sentencia@@ emitida como resultado de un juicio libre de fraude alguno? ¿Debería caer en el ámbito de libertad de expresión? ¿Debería una demanda de fraude como defensa ante otra demanda para hacer cumplir una sentencia, dejarse en manos de los juzgados que se ocupan de estos casos en lugar de tomar iniciativas e iniciar litigios por daños y perjuicios y agravios legales en escenarios elegidos por Chevron?

Un juzgado menos agresivo podría exigir que se demuestre que su conocimiento fue más allá del fraude en el proceso y que éste se extendió a las dimensiones de conspiración encontradas por el juez Kaplan, incluyendo un plan propagandístico para desarrollar una campaña de extorsión y obstrucción de la justicia. Esto podría, en el futuro, facilitar la distinción de los casos tipo Chevron y que estos sean menos atemorizantes a la hora de ser ejecutados.
Consideremos la situación de Woodsford Litigation Funding de Londres. De acuerdo al testimonio de Donziger, Woodsford invirtió 2,5 millones de dólares hace solamente un año, a pesar de que las pruebas de soborno ya habían surgido. ¿Debería considerarse a Woodsford más culpable puesto que todos los hechos eran públicos cuando se unió al caso? ¿O acaso se debería considerar a Woodsford menos culpable porque no formó parte de la campaña de presiones y de encubrimiento? ¿Será que todas las acciones de conspiración pasadas sean atribuibles a éste? ¿ Y si Woodsford es demandable, que pasaría con los consultores legales en Argentina, Brasil and Canadá?

Woodsford debe haber pedido un inmenso porcentaje de retorno por su inversión por haber entrado tan tarde en el juego, como efectivamente lo hizo. Si ahora Woodsford es demandado, lo que parece ser bastante probable, cualquier negocio de financiamiento e inversión parece ser una mala idea. Las firmas Burford y Kohn parecen haber tomado una decisión inteligente al retirarse cuando lo hicieron; al mismo tiempo, parece poco probable que los demandantes ecuatorianos reciban nuevos respaldos financieros.

Es difícil lamentarse por quienes idearon y pusieron en práctica esta parodia legal que pasará a la historia; sin embargo, también es debatible si la campaña de Chevron contra ellos terminará siendo algo saludable. Chevron puede alegar, con toda justicia, que un litigio fraudulento debe tratarse como una patología legal y debe ser tratado, rechazado y castigado como tal. El peligro es que de sentarse este precedente, éste otorgaría a las grandes corporaciones el poder para que con la simple medida de diseñar una defensa fundamentada en el fraude, se pueda ahuyentar el financiamiento y la consultoría legal para hacer cumplir la ley en casos legítimos.

Global Lawyer no pretende encontrar tal equilibrio ni adelantar suposiciones sobre quien sabía qué y cuándo. Junto con los demás integrantes de la industria del litigio, continuaremos observando de cerca a DeLeon y a Patton Boggs. Desafortunadamente, nuestro instinto nos dice que la presión para llegar a un acuerdo podría ser demasiado grande en estos casos tan importantes para que estos se desarrollen.

Global Lawyer aparece en la columna regular que escribe el corresponsal internacional senior Michael D. Goldhaber para la publicación The Litigation Daily.

Esta es una traducción no oficial realizada por Chevron. El artículo original en inglés puede ser visto aquí.